Desde la Plataforma por la Educación Pública en Extremadura "se nos invita a las familias, profesorado, alumnado y a la sociedad en su conjunto, a participar en una jornada en defensa de la escuela pública el miércoles día 12 de diciembre de 2012, en que se realizarán concentraciones en los centros educaativos y una concentración de protesta a las 18:00 horas, frente a la Delegación del Gobierno en Badajoz, sita en la avenida de Huelva".
COMUNICADO DE LA PLATAFORMA POR LA EDUACIÓN
PÚBLICA EN EXTREMADURA
La Educación Pública está amenazada en Extremadura. El
cúmulo de recortes y medidas sufridos en los dos últimos
cursos, la supresión de los programas de refuerzos, por citar el
último atentado a nuestro sistema educativo, no sólo pretende
desmantelar el modelo de escuela pública, gratuita, equitativa, laica y educadora en los valores
democráticos, sino que pone en peligro el derecho a la educación tal como hemos venido
entendiendo en los últimos treinta y cinco años y que recoge nuestro ordenamiento jurídico.
El agresivo proceso contra la educación pública, el alumnado, las familias y los trabajadores de la
educación no puede justificarse de ningún modo por razones de tipo económico, porque esta idea
es contradictoria con la consideración de la educación como palanca de desarrollo económico,
cultural, social y personal de la ciudadanía.
En lugar de aumentar los recursos invertidos en educación y de mejorar las estructuras existentes
para avanzar en la lucha contra el fracaso escolar y el abandono prematuro, se ha optado por el
método de dejar el sistema público como una tabla rasa donde pueda proliferar un modelo
educativo, regresivo, privatizado y selectivo que prive a los colectivos sociales menos pudientes
de un acceso igualitario al servicio público educativo concebido como satisfacción de un derecho
básico y fundamental de la ciudadanía.
El proyecto de ley que Gobierno de España, a través del Ministerio de Educación y Cultura,
pretende implantar sería la culminación del proceso destructivo del modelo actual que no ha
hecho sino progresar, con todos sus defectos, en nuestra etapa democrática.
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) supone un cambio de enorme
envergadura para el que el ministerio no ha considerado ni en el proceso de elaboración ni en el
contenido del mismo el protocolo que exige un proyecto de esta naturaleza.
No está precedida de un análisis pormenorizado y científico de la realidad educativa ni de España
ni de las diferentes Comunidades Autónomas. Tampoco ha tenido en cuenta de manera seria y
formal la opinión ni las propuestas de los diferentes sectores, instituciones y organizaciones
sociales concernidas por los temas relacionados con la financiación, el diseño y los fines de un
sistema educativo público.
Si nos atenemos al contenido del proyecto, desde el principio hasta el final, podemos observar
cómo se pierde la concepción del derecho a la educación como servicio básico al ciudadano,
garantizado en la Constitución, orientado a una educación integral de calidad, con equidad y que
persigue la cohesión social y la integración de las personas con independencia de su situación
económica, social o cultural. Por el contrario, se entiende la educación como un bien al servicio
del sistema productivo y por ello, como mercancía de uso común en el mercado. Ampliando un
peligroso camino a la privatización de la enseñanza en todas sus modalidades.
